Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. 

• Texto completo. Corrección de erratas (BOE, 14.11.2014).
• Disposición final tercera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. Mediante esta Ley se incorporan al Derecho español: a) La Decisión Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal. b) La Decisión  2008/315/JAI, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.
• Disposición final cuarta. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (Texto completo).
• En el PREÁMBULO se exponen las bases de esta LO. al señalar que: " I. La cooperación judicial de la Unión Europea se articula sobre la base de los principios básicos de la armonización de legislaciones y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, como se proclama en los artículos 67 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El principio de reconocimiento mutuo como pieza básica de la cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea, ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los Estados miembros, al permitir que el reconocimiento y la ejecución o cumplimiento de las resoluciones judiciales traspase las fronteras del Estado donde se dictaron, para ser efectiva en los demás Estados. Este nuevo modelo de cooperación judicial conlleva un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales, lo que junto a otras medidas ha logrado simplificar y agilizar los procedimientos de transmisión de las resoluciones judiciales. No obstante, las autoridades centrales de los Estados, fundamentalmente los distintos Ministerios de Justicia, prestan una valiosa ayuda al funcionamiento del sistema. Así se pone de manifiesto en las dos normas de la Unión Europea que son objeto de transposición en esta Ley y que contribuyen a un mejor funcionamiento de las normas de reconocimiento mutuo, a las que complementan. Se trata de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal y de la Decisión  Marco 2008/315/JAI, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre Estados miembros. En este sentido, el programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal contemplaba la necesidad de adoptar uno o varios instrumentos que garantizasen que la autoridad judicial de un Estado miembro pudiera tener en cuenta las resoluciones penales definitivas dictadas en los demás.
• En segundo lugar, se hace un resumen sobre la estructura de la Ley: La Ley se inicia con un título preliminar que contiene su objeto y su régimen jurídico, en el que destaca el papel que juegan aquí los Convenios bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros, que contribuyen a un mejor funcionamiento de los registros de antecedentes penales. A continuación, la Ley se estructura en otros dos títulos que se dedican, respectivamente, a regular el régimen aplicable al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de la Unión Europea y a la consideración de resoluciones judiciales condenatorias previas dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Estas normas se coordinan con la reforma del Código Penal para que los efectos de la reincidencia sean aplicables en las mismas condiciones cuando la sentencia condenatoria haya sido dictada en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. 
• El objeto y fin de la LO se expone en el III del Preambulo al disponer que: " La presente Ley viene a dotar de mayor seguridad jurídica una actuación que, en el marco de la cooperación judicial de la Unión Europea, ya se viene desarrollando por el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, como autoridad competente para la remisión y la petición de la información relativa a los antecedentes penales. El Registro español ya participó, primero, en el proyecto piloto «Red de registros judiciales», a través del cual varios Estados de la Unión Europea intercambiaban información sobre antecedentes penales electrónicamente. Esta red ha sido sustituida por el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), creado por la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, la cual se dictó precisamente en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2008/315/JAI, que se incorpora en esta Ley. En la práctica, ECRIS es un sistema electrónico de interconexión de las bases de datos de los registros de antecedentes penales de todos los Estados miembros, en el que éstos intercambian información sobre condenas de una manera rápida, uniforme y fácilmente transferible por ordenador. Un sistema que ya permite a Jueces y fiscales acceder fácilmente a una información completa sobre el historial delictivo de cualquier ciudadano de la Unión Europea, con independencia del país europeo en el que hubiera sido condenado. Estas garantías se complementan a través del título I de esta Ley con normas que aseguren la eficacia de la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados, como se manifiesta en las normas que establecen la propia obligación de informar de las condenas, el contenido de esa información o los plazos en los que ha de practicarse. Todas estas normas se concentran, en su aplicación en España, en el Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. De acuerdo con las normas objeto de transposición, la información que trasladarán al Registro español es la que se refiere a condenas impuestas a españoles o a personas que hubieran residido en España, por los Tribunales de otro Estado miembro. Hay normas específicas en lo que se refiere a las condenas impuestas a menores y reglas de acuerdo con las cuales unos antecedentes pueden tenerse por cancelados a efectos de su toma en consideración por Jueces y Tribunales, pero mantenerse para retransmitirse a otros Estados, de acuerdo con lo que comunique la autoridad central del Estado de condena. Del mismo modo, el Registro Central de Penados informará de las condenas dictadas en España a las autoridades centrales de los Estados de la nacionalidad del condenado, así como las modificaciones de las mismas o su cancelación, impidiendo su utilización fuera de un proceso penal. Se ha de destacar que las peticiones de antecedentes a las autoridades competentes de otros Estados por parte del Registro Central de Penados se produce a instancias de Jueces y fiscales en el marco de un proceso penal, así como en los demás supuestos previstos por el ordenamiento jurídico".
  En el apartado IV se afirma que: "La regulación del título II de esta Ley supone la consagración del principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea mediante su toma en consideración en procesos posteriores derivados de la comisión de nuevos delitos. Ello significa que, al igual que ocurre con las condenas anteriores pronunciadas en España, las que se dicten en otros Estados miembros deberán ser tenidas en cuenta tanto durante el proceso, como en la fase previa al mismo y en la de ejecución de la condena. Esa toma en consideración queda limitada en sus efectos a los que hubiera tenido una condena dictada en España y, además, sujeta al requisito de que la condena en otro Estado miembro hubiera sido impuesta por hechos que fueran punibles de conformidad con la ley española vigente a la fecha de su comisión. El reconocimiento de efectos alcanza no solamente al momento de imposición de la pena, sino que se extiende a las resoluciones que deban adoptarse en la fase de investigación del delito o en la de la ejecución de la pena, por ejemplo, cuando se resuelva sobre la prisión preventiva de un sospechoso, sobre la cuantía de su fianza, la determinación de la pena, la suspensión de la ejecución de una pena o la revocación de la misma, o la concesión de la libertad condicional. Junto a este principio general, con el propósito de reforzar la seguridad jurídica, la Ley enumera, en línea con las previsiones o facultades previstas en la Decisión Marco, los supuestos en los que tales condenas no pueden ser tomadas en consideración: a efectos de la revisión de las condenas que ya hubieran sido impuestas con anterioridad en España o de las resoluciones dictadas para dar inicio a su ejecución; a efecto de las condenas que eventualmente se impongan con posterioridad en España por delitos que se hubieran cometido antes de que se hubiera impuesto la condena anterior por el otro Estado miembro; así como en relación con las resoluciones sobre fijación de los límites de cumplimiento de la pena que se dicten conforme al artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando incluyan alguna de esas condenas. Asimismo, la firmeza de esas condenas impuestas en otros Estados constituye otra garantía ineludible, que impide que, en su defecto, se puedan tomar en consideración. Por lo que respecta a la forma de recabar la información relativa a las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados, el Juez o Tribunal obtendrá la información mediante el intercambio de información sobre antecedentes penales o a través de los instrumentos de asistencia judicial vigentes. De este modo, el Registro Central de Penados se constituye de nuevo en un instrumento fundamental de apoyo a la labor de los Tribunales. Sólo cuando la información obtenida por estas vías fuera suficiente podrá ser tomada en consideración por el Juez o Tribunal competente. En definitiva, el carácter instrumental de esta Ley dentro del ámbito de la cooperación judicial en la Unión Europea supone incrementar su eficacia y con ello la seguridad de los ciudadanos dentro del Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia a través del intercambio de información sobre las condenas penales entre Estados miembros".

Tramitación parlamentaria:

• Proyecto de LO sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE.

Antecedentes:

• Anteproyectos de Ley para poder intercambiar resoluciones judiciales con Europa (Consejo de Ministros 08.02.2013).

Aplicación de la LO 7/2014 por la Jurisprudencia española:

• STS 27.01.2015.

Leyes aprobadas y publicadas en 2014:

Leyes orgánicas:

• LO 1/2014. Modifica LO 6/1985. Justicia universal.
• LO 2/2014. Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
• LO 3/2014. Por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
• LO 4/2014. Complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas.  
• LO 5/2014. Autoriza la ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
• LO 6/2014. Complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE por la que se modifica la LO 6/1985. 

Otras leyes ordinarias aprobadas durante el año 2014:

• Ley 1/2014. Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 
• Ley 2/2014. Acción y del Servicio Exterior del Estado.  
• Ley 3/2014. Modifica el texto refundido de la LGCyU y otras leyes complementarias, aprobado por RDL 1/2007. RD-ley 1/2014. Reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.
• Ley 5/2014. Seguridad Privada.
• Ley 14/2014. Navegación Marítima. 
• Ley 15/2014. Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
• Ley 16/2014. Regula las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Ley 17/2014. Adopta medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
• Ley 18/2014. Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
• Ley 19/2014. Crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.
• Ley 18/2014. Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
• Ley 20/2014. Se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la CE.  
• Ley 21/2014. Modifica Propiedad intelectual. Enjuiciamiento civil.
• Ley 05/2014. Seguridad Privada.
• Ley 14/2014. Navegación Marítima. 
• Ley 15/2014. Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
• Ley 16/2014. Regula las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Ley 18/2014. Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
• Ley 17/2014. Adopta medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
• Ley 19/2014. Crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.
• Ley 21/2014. Modifica Propiedad intelectual. Enjuiciamiento civil
• Ley 23/2014. Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
• Ley 24/2014. Crea el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.
• Ley 25/2014. Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
• Ley 26/2014. Modifican la Ley 35/2006, del IRPF, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el RDL 5/2004, y otras normas tributarias.
• Ley 27/2014. Impuesto sobre Sociedades.
• Ley 28/2014. Modifica la Ley 37/1992, del IVa, la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del REF de Canarias, la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 
• Ley 29/2014. Personal de la guardia civil.
• Ley 31/2014. Modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. 
• Ley 32/2014. Metrología. Algunos preceptos: art. 11.2 inciso final, sobre la exigencia de una declaración responsable a quienes reparen o modifiquen instrumentos sometidos al control metrológico, establece que "no será necesaria la presentación de la declaración responsable para las entidades reparadoras establecidas en otro Estado miembro de la Unión Europea que presten sus servicios en régimen de libre prestación en territorio español". Y, el art. 14 sobre la exportación de objetos metrológicos que formen parte del Patrimonio Histórico español, la cual se regirá por la normativa específica estatal y europea en materia de protección del patrimonio cultural.
• Ley 33/2014. Modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
• Ley 34/2014. Medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.
• Ley 35/2014. Modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.  
• Ley 36/2014.  Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (Corrección de errores).